La universidad pública, hoy

Por Raúl Courel
Para La Nación

Viernes 12 de enero de 2001 | Publicado en edición impresa 

En el fondo, el principal problema que tenemos para darnos una adecuada política universitaria es la frecuente confusión acerca de qué son las universidades en el mundo moderno. Por una parte, está la generalizada coincidencia sobre la necesidad de poner al día el sistema universitario, asegurando estándares científicos y académicos más acordes con los internacionales, y formar profesionales con perfiles más flexibles y diversificados, e incluso en mayor número. Lamentablemente, las estrategias que se proponen suelen partir de un error fundamental: considerar que las universidades son empresas económicas u órganos de gobierno.

Este desacierto está en la base de dos ideas que hoy se difunden en la opinión pública. Una es que nuestras universidades nacionales son empresas ineficientes que administran mal sus recursos, como las empresas estatales de las que nuestros sucesivos gobiernos se vienen desembarazando. La otra es que en vez de dedicarse a sus tareas específicas, se dedican a hacer política. La consecuencia es que un número cada vez más extenso de ciudadanos cree que nuestras universidades públicas son lastres económicos u organismos poco confiables, y que lo mejor sería rematarlas.

Estas ideas no se compadecen con el hecho de que una universidad como la de Buenos Aires, por ejemplo, con solo el 3,2 por ciento de la inversión del tesoro nacional en ciencia y tecnología sostiene el 20 por ciento de los investigadores del país y genera el 29,1 por ciento de las publicaciones científicas argentinas y el 10 por ciento de las de América del Sur. Tampoco son congruentes con el dato de que cada uno de los estudiantes de esta misma universidad cuesta sólo unos 1300 pesos anuales, a diferencia del promedio en el país que ronda los 2000. Ninguna corrección a estos indicadores mostraría a la UBA menos eficiente que cualquier otra universidad del mundo, y sin duda ninguna universidad privada de este país produce proporcionalmente tanto con tan poco.

Pero el quid de la cuestión es otro. Las universidades no son empresas económicas porque sus fines no son producir ganancias, al menos nunca de manera directa. Si bien ellas alimentan con ciencia y tecnología la producción de bienes y servicios, está demostrado que dan sus mejores frutos cuando las anima la búsqueda de la verdad y no la del lucro. Con este criterio funcionan las mejores universidades del mundo, que promueven la investigación básica no menos que la aplicada, y que conceden la máxima libertad para investigar sin urgir la obtención de réditos monetarios. Este es el primer sentido que tiene el principio de autonomía universitaria en este tiempo de auge del capitalismo; el segundo, no menos importante, es el que libera a las universidades de restricciones políticas o gubernamentales, incluso cuando son públicas.

Las universidades no son organismos de gobierno en tanto no están hechas para mandar, ni para legislar, ni para impartir justicia. Sí lo son en la medida en que las ciencias, las tecnologías y los saberes que ellas enseñan predominan en la sociedad contemporánea, gobernando su funcionamiento. No obstante, las tareas específicas de las universidades se distinguen nítidamente de las de gobernar. Por eso los estatutos universitarios conceden a los que efectivamente se dedican a ellas, los integrantes de la comunidad universitaria, los doctos y estudiosos, y solo a ellos, la potestad de elegir con plena autonomía tanto sus regímenes de funcionamiento como sus autoridades.

Normas institucionales

Claro que hay política en el interior de las universidades, como la hay en todo organismo social. Pero la que se desarrolla en ellas es muy especial, con aspectos esenciales no comparables a los propios de otras instituciones. En tiempos cercanos, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires infringió gravemente disposiciones del Consejo Superior; sin embargo, este cuerpo no dispuso su intervención. El debate fue arduo: por un lado, la necesidad de que las distintas partes de la Universidad se ajusten a su propio gobierno; por otro, el acendrado respeto a las únicas autoridades de una facultad que gozan de legitimidad estatutaria, las elegidas por sus claustros. A mi modo de ver, fue decisivo el hecho de que la Universidad, por ser tal, está siempre más inclinada al razonamiento y a la explicación que a la fuerza y a la imposición. El resultado no fue malo: por el contrario, fue la propia Facultad de Medicina, en el estricto marco de las normas institucionales, la que optó, libre y democráticamente, por compaginar su organización académica con las del resto de la Universidad.

Bien le vendría al país el más vigoroso apoyo a nuestras universidades públicas. El Estado no parece capaz por ahora de incrementar nuestros escasos medios, pero no debe cometer el error de reducirlos aún más, por lo mismo que en ningún caso se debe dejar isquémico al cerebro. No se ahorra en sobrevivir.

Vengan las empresas a construir aulas, bibliotecas y laboratorios; vengan a fortalecer nuestros hospitales, editoriales y sistemas informáticos; vengan a premiar los talentos y esfuerzos: verán que sacaremos el jugo de esos dineros mejor que nadie. Simplemente porque en nuestras universidades públicas se concentra la mayor masa de inteligencia con que cuenta el país, que ha demostrado con creces que persiste en hacer docencia, investigación y extensión universitaria con las gratificaciones económicas más exiguas. ¡Vaya si lo ha demostrado! © La Nación

El autor es decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.